El nuevo deslinde del Carmolí amplía la zona estatal y dificulta el uso del hangar

La modificación del deslinde previo –vigente desde 1998 y que abarca un tramo mayor (3.399 metros)– amplía el catálogo estatal de bienes. Y «produce un desplazamiento de la línea de deslinde hacia el interior de un máximo de unos 140 metros». Ello abarca parcelas donde el Miteco ha constatado la presencia de «depósitos de arena» de origen marino «sobre los que se puede apreciar la existencia de plantas con adaptaciones especiales para soportar la maresía». En consecuencia, el Miteco juzga que «ha quedado suficientemente acreditado el carácter demanial de los terrenos» –es decir, la titularidad pública estatal–, conforme a lo previsto en la Ley de Costas y en su reglamento de desarrollo, de 1988. Estos terrenos se suman a los incorporados en 1998, cuando se agregó «una franja constituida por materiales sueltos y zonas inundables que no habían sido objeto del deslinde aprobado en 1967».

Entre las parcelas que pasan a dominio público nacional en este año 2025, y cuyos usos exigen por ello la autorización previa del Ministerio (a través de una concesión administrativa de la Demarcación de Costas en la Región de Murcia), está la que alberga un antiguo hangar militar. Se trata de las instalaciones del Hovercraft de la Armada Española, edificio adquirido por la Comunidad Autónoma, que pretende transformarlo en un centro de interpretación medioambiental e histórica de este enclave litoral; ello, dentro del proyecto anunciado en octubre de 2021 por el presidente regional, Fernando López Miras, y que ha implicado la expropiación de 310 hectáreas por un millón de euros.

Según el Miteco, la Consejería de Fomento, a través de la Dirección General de Litoral y Puertos y de la de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se opuso al deslinde pues «el hangar Hovercraft constituye una zona urbanizada que ha perdido sus características demaniales y debería excluirse de la nueva delimitación».

El Ministerio de Sara Aagesen esgrimió la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual «la circunstancia de que un suelo haya sido incorporado a un proceso urbanizador no desnaturaliza su condición geomorfológica». El Gobierno resaltó «la antropización de los terrenos ocupados por las antiguas instalaciones militares, y en general en todos los tramos ocupados por obras o instalaciones» cuya existencia dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) «ya prevé la propia Ley». Y mencionó de nuevo al Supremo, según el cual al deslindar «se estará a la composición y realidad física mayoritaria de la zona para incluir los terrenos en el dominio público, sin que sea posible crear pequeñas islas».

Asimismo, Transición Ecológica –que inició el expediente en la etapa de la también ministra socialista Teresa Ribera– recuerda que el Ayuntamiento de Cartagena ordenó a la propiedad del hangar «la demolición de la totalidad de las construcciones del recinto, dejando el terreno en su estado natural»; ello, para «restituir estos terrenos a su estado anterior, como playa, restaurando de esta forma los bienes afectados en términos acordes con su naturaleza, garantizando su uso público y con el respeto al paisaje». Pero Fomento asegura que «presentó un informe técnico demostrando que el inmueble no está en riesgo» [fue declarado en ruina técnica] y desde el Consistorio cartagenero se le dio la razón, por lo que no es necesaria la demolición y se puede actuar para rehabilitarlo».

«Los terrenos en los que se encuentra el antiguo hangar de El Carmolí han sido declarados dominio público marítimo terrestre por Orden Ministerial de 14 de abril de 2025. Los propietarios de los terrenos, en este caso la Comunidad Autónoma, disponen de un año para solicitar la concesión de ocupación y aprovechamiento del dominio público», confirmaron fuentes de la Demarcación de Costas a LA VERDAD. Eso afecta a «usos o aprovechamientos existentes, o nuevos usos que se ajusten a lo previsto en la Ley y el Reglamento General de Costas».

El Gobierno regional estudia pleitear contra el Ministerio. Fuentes de Fomento, que dirige Jorge García Montoro, lo explican así: «Como se publicó en el BOE el 24 de abril, el nuevo deslinde afecta al hangar, que queda en dominio público marítimo. Los servicios jurídicos de la Comunidad estudian la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo contra el deslinde, para salvaguardar la idea original de Fomento para dicho hangar». El «objetivo» es «crear un espacio de difusión de los valores medioambientales del Mar Menor y la historia de El Carmolí, al estilo de un centro de interpretación».

El Ministerio rechazó también la petición de la Comunidad de que el deslinde no afectara a la servidumbre de protección de la carretera RM-F54, que une Los Urrutias con Los Alcázares, así como «lo relativo a las nuevas afecciones por la servidumbre a viviendas situadas en zona urbana consolidada». En Costas aseguraron que la nueva delimitación «no afecta a ninguna vivienda». Y que «la servidumbre de tránsito ya afecta a parte del trazado de dicha carretera, sin que se tenga conocimiento de que ello haya afectado a las tareas de mantenimiento y conservación».

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente avisó de «dificultades para la gestión conjunta del humedal protegido». Pero el Miteco recuerda la obligación legal de «información mutua, colaboración, coordinación y respeto».

Los técnicos de la Consejería que dirige Juan María Vázquez también advirtieron, sin éxito, al Miteco de «que el contenido y la granulometría de la arena no debería ser un factor determinante para el establecimiento del dominio público marítimo-terrestre; que no se trata de dunas ni de depósitos de materiales sueltos sino compactados; que el estudio de vegetación no es concluyente con la delimitación; que no existe influencia marina sino que en esta zona hay un criptohumedal; que no existe riesgo de inundación a la población o a áreas de importancia medioambiental de origen marino; y que la zona se encuentra catalogada con diversas figuras de protección de las que la propia Dirección ostenta las competencias sobre su gestión».

El Ministerio también descartó que la nueva delimitación territorial pueda verse afectada por la sentencia del Tribunal Supremo que anuló, en 2022, la modificación del Reglamento de Costas aprobada en 2014. Frente a lo advertido por la Abogacía del Estado, el Miteco concluyó que el fallo judicial se refiere a los cambios relativos al concepto de dunas, pero no al de playas.

Los estudios del Ministerio revelan el impacto ambiental causado en el litoral del Carmolí por la alteración física del entorno del Mar Menor para usos humanos. «Se aprecia una línea de costa con una configuración prácticamente rectilínea que ha sufrido modificaciones de poca entidad a lo largo de los años. Los cambios más significativos acaecen a partir de la década de los años 90 del pasado siglo, tras el encauzamiento de la desembocadura de la rambla del Albujón hasta su actual ubicación. Esto, junto con el cambio de usos del territorio ha provocado un incremento de sedimentos en esta zona que, unido a la dinámica de corrientes predominante (de noroeste a sureste) ha producido un incremento en los sedimentos junto a la costa», señala el Miteco. Este hizo «un estudio comparativo de la dinámica costera y la evolución de la línea de costa a partir de 9 ortoimágenes, desde 1929 hasta 2019». Y constató «que la gran evolución en su perfil se produce a mediados de los años 90, tras la ubicación de la desembocadura de la rambla del Albujón en su actual emplazamiento».

El Ministerio señala que «las actuaciones de mejora y recuperación de la biodiversidad y hábitats propuestas por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática [de la Comunidad] para la zona de El Carmolí fueron autorizadas por la Demarcación de Costas en Murcia de fecha 3 de febrero de 2025». Pero la Consejería de Medio Ambiente sigue sin fecha para actuar. «No se pudo empezar en febrero. A raíz de las decisiones que tomó el Ministerio a través de la Demarcación de Costas, el Gobierno regional se vio obligado a modificar el proyecto y adaptarlo a sus resoluciones. Los cambios requieren unos procesos que retrasan el proyecto. Ya tenemos el proyecto modificado y la siguiente fase es la de supervisión técnica del mismo, algo que se hará paralelamente con la presentación a Costas para que dé su visto bueno. El siguiente trámite será el de aprobación del proyecto y luego la licitación», indicaron en la Consejería.