El retraso judicial rebaja a una cuarta parte la pena a los exsocios de Trampolín Hills por la macroestafa de Campos del Río

Los dos empresarios, sobre los que ya pesa una condena previa de cinco años de cárcel por otra estafa inmobiliaria, alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía y asumieron un delito continuado de estafa en concurso medial con otro de falsificación de documento mercantil. De esta manera, lograron rebajar la pena inicial que solicitaba el Ministerio Público, de hasta ocho años de cárcel, a dos años entre rejas. La condena incluye el pago de millones de euros en indemnización a los afectados. Una pena que, sin embargo, difícilmente podrán satisfacer dado su estado de insolvencia

A la hora de aminorar la condena, explica el tribunal, se ha tenido en cuenta que los hechos se desarrollaron entre 2004 y 2007, que la instrucción finalizó en 2018 y que, sin embargo, el juicio no se celebró en la Audiencia Nacional hasta el pasado abril. Una «dilación extraordinaria y indebida», subraya la Sala de lo Penal, que se debe a causas o imputables a los acusados. De esta manera, en su acuerdo la Fiscalía aplica a ambos una atenuante de dilaciones indebidas y una atenuante muy cualificada de confesión tardía.

El relato de hechos por el que estos dos exsocios han sido condenados arranca hace dos décadas, en 2003, cuando se constituyó Solera El Trampolín SL. Al frente de esa promotora, aún desconocida, se colocó Aguilera. Esta firma impulsó en Campos del Río un convenio urbanístico dirigido a levantar una macrourbanización de 2.750 viviendas, un campo de golf y pistas de tenis, piscinas, ocho zonas comerciales, tres hoteles y otros tantos restaurantes, un centro médico y un colegio bilingüe.

En el año 2005, la promotora Solera El Trampolín cedió los terrenos y el proyecto a la mercantil Trampolín Hills Golf Resort, ya a nombre de Antonio Martínez, que fue con la que se firmaron dos convenios con el Ayuntamiento de Campos del Río para la recalificación de los terrenos, que se pretendía convertir de rústicos a urbanizables.

A partir de marzo de 2005, «sin contar con capital suficiente ni financiación que soportase las obras, siendo los terrenos rústicos y conociendo que la reclasificación era imposible de obtener a corto plazo y sin poseer licencia de obras», Trampolín Hills inició una gran campaña promocional a través de oficinas e internet. Más de 600 clientes de toda España y de un buen número de países de Europa se encapricharon sobre plano de alguno de esos inmuebles, adelantando cantidades superiores a los 50.000 euros.

En los contratos se hacía constar que se había firmado un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Campos del Río y se afirmaba que las casas se entregarían en un máximo de 36 meses a partir del primer pago. Los acusados sabían que «era imposible cumplir tal plazo», dado que en ese momento no contaban, ni tan siquiera, con la orden de reclasificación de terrenos.

El Melonero y su socio, para aparentar viabilidad, construyeron una oficina de ventas, un bar y cuatro viviendas piloto. Además, «para ganar la confianza de los clientes», se les entregaba un aval empresarial, a nombre de Trampolín Hills o Solera El Trampolín, y más tarde a cargo de una sociedad, denominada Swiss Financial Corporation, radicada en Panamá y sin autorización para operar en España.

Las viviendas proyectadas, más allá de esas cuatro casas piloto, nunca llegaron a construirse. Los terrenos no se reclasificaron y los compradores –representados por diferentes acusaciones particulares, entre ellas la del abogado Pedro López Graña–, pese a sus muchas reclamaciones, no recuperaron el dinero. La cantidad presuntamente estafada asciende a 54 millones de euros, un montante que fue destinado por los acusados «a fines que no guardaban relación directa con la construcción de las viviendas». El destino final de ese dineral no se ha aclarado.