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Es un primer paso y queda por delante una densa tramitación administrativa antes de que empiecen a verse grúas y a levantarse las casas, pero cuando esto ocurra la imagen de las pedanías de Baños y Mendigo y de Corvera cambiará sustancialmente. La Comisión de Pleno de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia aprobó este jueves iniciar los trámites para construir 8.700 viviendas de uso turístico residencial en tres sectores, lo que obligará a cambiar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Murcia.
La iniciativa, que deberá recibir una aprobación inicial en el Pleno del próximo jueves, 29 de mayo, no contó con el apoyo del PSOE, que votó en contra, mientras que Vox se abstuvo. A partir del previsible visto bueno en la sesión plenaria, el avance de las tres modificaciones del Plan debe publicarse en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y entonces comenzará el periodo de información pública durante los 30 días siguientes.
En paralelo, tendrán que realizarse otros informes, como el de la evaluación de impacto ambiental, explicó el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, quien subrayó que esta actuación se hace en terrenos que ya están calificados como urbanizables.
Los tres sectores se desarrollarán en una superficie total superior a 11 millones de metros cuadrados: el sector ZU-SB-CV5 en Corvera (donde se levantarán 1.673 viviendas), ZU-SB-BM13 en Baños y Mendigo (con 4.659 viviendas) y ZU-SR-BM14, también en Baños y Mendigo, para 2.403 viviendas.
Los nuevos desarrollos integrarán, «conforme estipula la ley», medidas de adaptación al cambio climático y criterios de sostenibilidad como son pavimentos permeables, redes separativas de pluviales y residuales, sistemas de reutilización de aguas, Soluciones Basadas en la Naturaleza, Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible y medidas de economía circular, explicaron desde el Ayuntamiento.
«Esta actuación se enmarca en un equilibrio entre el crecimiento urbano, el compromiso ambiental y en el dinamismo del Campo de Murcia, que tiene un gran potencial y son complementarios al desarrollo de otras zonas del municipio», apuntó Navarro. Y, como otro punto a su favor, subrayó el edil, «estos terrenos no están afectados por los mapas de inundabilidad».
Detrás de estos nuevos desarrollos urbanísticos esta la promotora del Grupo Fuertes, Profusa, propietaria de los terrenos, que contempla la construcción de viviendas unifamiliares en unos casos y adosadas en otros.
La intención original de la promotora era desarrollar estos terrenos en el marco de un Plan Parcial, pero en mayo de 2021 desistió «porque no era posible hacerlo técnicamente tras modificarse la Ley del Suelo», recordó el edil Antonio Navarro.
El Grupo Municipal Socialista no vio claro estos expedientes por lo que votó en contra de que siguiera su tramitación. El concejal Andrés Guerrero, argumentó que, en primer lugar, «no se corresponde a nuestro modelo de urbanismo», en el que prima el desarrollo de las pedanías cercanas a la ciudad para dar respuesta a la necesidad de vivienda del municipio, «accesibles para la gran mayoría».
Criticó que estos proyectos iban a necesitar de unas infraestructuras más costosas de lo habitual y que «con esta operación no se defiende el interés general», sino el de unos pocos con más medios económicos. Además, subrayó que se ya han alzado voces de vecinos que están en contra de estos desarrollos.
El acuerdo de este jueves contempla que Profusa ceda al Ayuntamiento el 65% de esos 11 millones de m2 y se incorporen al Parque Natural regional de la Sierra de Carrascoy y El Valle. Entrarán a formar parte de los sistemas generales ambientales del patrimonio público y en 10 años está previsto que Profusa pase su gestión y cuidado a la Comunidad Autónoma.
El concejal Navarro manifestó que aunque entra dentro del concepto de 'teletransporte', «en un informe, la Dirección General de Patrimonio Natural ha justificado su idoneidad por el valor ambiental que tienen los terrenos» y que se enmarca en la Ley del Suelo, por lo que no es ilegal.
Por 'teletransporte' se conoce la cesión de suelos forestales a cambio de lograr un mayor índice de edificabilidad como, denuncia el PSOE, ha sido el caso. El concejal, Andrés Guerrero, criticó que «Profusa ha adscrito un montón de fincas forestales al Ayuntamiento a cambio de que esta pase del 0,09 al 0,25%».
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