El largo y difícil camino para la ley que pretende reducir la burocracia

Fue en abril de 2024 cuando el entonces presidente de Croem, José María Albarracín, reconoció que había «contactos» con la Comunidad para aprobar una cuarta ley que solucionara su preocupación por la «excesiva hiperregulación» que afectaba a sus actividades. Aunque las competencias en materia de Empresa correspondían entonces al PP, esta tarea quedaba en manos de Vox, con José Ángel Antelo ocupando aún el puesto de vicepresidente autonómico. De hecho, en julio de ese mismo año, presentó el anteproyecto de ley como una herramienta para «mejorar la actividad de las empresas».

Sin embargo, apenas unos días después, los gobiernos autonómicos de PP y Vox saltan por los aires con la política migratoria como excusa y el proyecto se frena. Con los populares ahora en minoría en el parlamento autonómico, cualquier tramitación requería del concurso de sus anteriores socios. La proridad, antes incluso que esta norma, pasa a ser el proyecto de ley de Presupuestos.

Son varias las ocasiones en las que el Ejecutivo autonómico ha dicho en este tiempo que la presentaría «en breve» o «en un plazo corto de tiempo». Es el 27 de noviembre cuando, en sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, responde que su intención es darla a conocer antes de que acabe el año.

Sin embargo, ese momento no llega, ni tampoco el de las cuentas de 2025. Lo que explica entonces este departamento es que, de forma consensuada con los empresarios, se decide dar «una vuelta de tuerca» y «afinar» el texto para incorporar a la ley aspectos como la reducción de la jornada laboral, la subida de costes y el acuerdo de Mercosur.

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Para encontrar el último plazo que ha dado el Ejecutivo hay que mirar en las páginas de este periódico. El pasado 11 de mayo, entrevistado por LA VERDAD, el presidente, Fernando López Miras, aseguró que esta ley, que «se ha elaborado de la mano de la patronal Croem», también «va a ver la luz este año». Admitió que la nueva legislación, que será un texto refundido de las tres anteriores, «se tendría que haber aprobado ya, pero es verdad que necesitamos el mayor de los consensos en la Asamblea». «Queremos que parta de la premisa de tratar al ciudadano y, sobre todo, a los empresarios, comerciantes o autónomos como presuntos cumplidores de la ley, no como presuntos delincuentes», dijo sobre una ley cuya aprobación no tiene nada de simple.