El Gobierno regional quiere llevar hasta La Moncloa la batalla por el Trasvase

«Ataque directo», «daño económico sin precedentes» o «apagón hídrico» son los calificativos expresados por el Ejecutivo murciano para una decisión que considera que no tiene justificación técnica.

El primer paso en lo político, aseguran fuentes del Gobierno de Fernando López Miras, es pedir una reunión urgente con el presidente Pedro Sánchez. En ella quieren «ponerle encima de la mesa» las razones que hacen «injustificable» esta decisión «cuando ahora mismo la cabecera del Tajo está en unos niveles máximos históricos».

López Miras quiere trasladar a Sánchez una visión que va más allá del escenario nacional, recordándole que el 20% de las frutas y hortalizas que España vende al exterior se producen en la Región, incidiendo en este aspecto de la soberanía alimentaria en un nuevo momento de incertidumbre geopolítica internacional. Las consecuencias económicas serán otra de sus bazas: «Si no hay agua, no habrá producción y se reducirán las exportaciones, lo que tendrá un impacto en la economía».

El Gobierno murciano quiere armar con datos sus argumentos para ese encuentro: reducir el agua del Trasvase de 320 a 193 hectómetros cúbicos al año pondría en riesgo 15.000 empleos y 27.000 hectáreas de cultivo. Sin embargo, las reuniones entre ambos no han sido la tónica general de sus relaciones. La última tuvo lugar el 4 de octubre de 2024 en el Palacio de La Moncloa, en la ronda de contactos que mantuvo Sánchez con los líderes autonómicos para hablar de financiación. López Miras tuvo que esperar para ello más de cinco años tras pedirlo en numerosas ocasiones por escrito y en público.

Más próximo puede ser otro movimiento en el ámbito parlamentario por parte de los populares. Su grupo ha solicitado la comparecencia en la Asamblea Regional del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de quien demandan que explique los criterios técnicos para el «hachazo» al Trasvase.

También esperan que por el parlamento autonómico pase el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez.

Para el diputado popular Jesús Cano, Morán «tiene que dar la cara porque este recorte afectará a 3 millones de españoles que merecen respuestas».

El borrador definitivo de esas nuevas normas se conocerá ya la próxima semana, cuando el Ministerio lo traslade a la Comisión de Explotación del Trasvase. También tendrá que pasar por el dictamen del Consejo Nacional del Agua y abrirse a un periodo de consulta pública. Los populares miran incluso a Europa, a cuyas instituciones quieren llevar las consecuencias del recorte del Trasvase. En el Senado, el PP ya trabaja en otra batería de iniciativas. En la última pregunta registrada sobre estas reglas de explotación fue donde el Miteco admitió que la aprobación de las mismas está a la espera de la resolución de todos los recursos judiciales.

En ese frente, el judicial, uno de los recursos pendientes es el presentado por el Gobierno murciano contra el Real Decreto 35/2023, por el que se aprueba la revisión de diferentes demarcaciones hidrológicas, entre ellas la del Tajo, elevando los caudales ecológicos. De estimarse, los cambios propuestos en las reglas de explotación no tendrían recorrido. Sin embargo, ya antes de ello, el Alto Tribunal desestimó lo que también presentaron los gobiernos de Valencia, Andalucía y Madrid.

De nuevo, se intentará una gran movilización para oponerse a un escenario de menos agua para 2027, cuando también se verá limitado el uso de recursos procedentes de acuíferos. Con el calendario de las producciones agrícolas en la mano, eso está ya a la vuelta de la esquina. Históricamente, esa tarea ha sido liderada por el Scrats junto al resto de organizaciones y asociaciones profesionales del sector agrario.

«Debe haber movilizaciones», ya advirtió el pasado miércoles su presidente, Lucas Jiménez, que empezará por reunirse con las comunidades de regantes de las tres provincias afectadas, Murcia, Almería y Alicante. Considera el Ejecutivo autonómico que «toda la sociedad tiene que unir su voz para impedir esta gran injusticia».

El futuro del Trasvase Tajo-Segura apunta a convertirse en el primer 'incendio' en el que el nuevo secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, tendrá que ver de qué forma compatibiliza su proximidad a la dirección nacional de su partido y al Gobierno de Pedro Sánchez con lo que hasta ahora ha venido manteniendo sobre esta infraestructura y el papel que tiene en el Levante. Tanto en declaraciones públicas como en el congreso regional donde fue proclamado líder socialista el pasado mes de marzo, Lucas se ha pronunciado a favor de la infraestructura: «Con valentía y determinación, decimos Trasvase, sí», dijo levantando la voz ante sus compañeros de partido. «En la Región nunca va a faltar agua con un gobierno socialista», sostuvo también en febrero.

Venían además de un congreso federal donde el reconocimiento del déficit hídrico en la cuenca del Segura en su ponencia política fue vendido como un éxito frente a las tesis de los socialistas manchegos de García-Page.

Con el paso de las semanas, la realidad parece haber ido contradiciendo ese optimismo en cuanto al acueducto con el que Lucas encaraba su mandato y el peso que sigue teniendo Castilla-La Mancha en su relación con Sánchez. Esta misma semana, sin embargo, la portavoz regional del PSOE, Isabel Gadea, insistía en que «no hay nada aprobado» y que «sólo es una propuesta técnica». «Todavía tiene que pasar por un proceso de consulta pública en el que se podrán hacer alegaciones», según Gadea.