La Comunidad busca vías para favorecer a la economía social en la contratación pública

Once años después de la entrada en vigor de esa directiva y ocho desde la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público, donde España traspuso es norma europea, la estrategia marcada por la UE adquiere especial relevancia en la Región. Murcia es la capital española de la Economía Social 2025 y las entidades de representantes de este sector, en especial Ucomur (Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia), han redoblado sus esfuerzos para que las tres administraciones públicas –Gobierno central, Comunidad Autónoma y ayuntamientos– apliquen esas reservas en las licitaciones públicas de contratos de bienes y servicio y se comprometan a alcanzar, al menos, la cuota mínima fijada en la ley.

Esta norma señala que «los órganos de contratación del sector público estatal deberán deberán aplicar el porcentaje mínimo de reserva de 7%, que se incrementará hasta un 10% a los cuatro años de la entrada en vigor de esta Ley, sobre el importe global de los procedimientos de adjudicación de suministros y servicios incluidos en los códigos CPV». Además, la ley recoge que «podrán reservar a determinadas organizaciones el derecho a participar en los procedimientos de licitación» de ciertos «contratos de servicios de carácter social, cultural y de salud». Un requisito es que «el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30%».

Fuentes del Ejecutivo autonómico indicaron a LA VERDAD que «la Región se fijó como objetivo a alcanzar el 8%» de reserva de contratos», aunque no indicaron qué tasa cumple en la actualidad. Y el presidente de Ucomur y de la Organización Europea de la Economía Social (Social Economy Europe), Juan Antonio Pedreño, lamentó que, según los datos recabados por su organización, en 2024 «no hubo casi ninguna reserva de contratos ni en la Comunidad Autónoma ni en los ayuntamientos» de los 45 municipios. Ello, a pesar de que la ley permite fijar cupos para contratos enteros o lotes, de las reiteradas peticiones del sector y del creciente peso de este en la economía de la Comunidad.

El Ejecutivo de Fernando López Miras busca superar esta situación. «El Gobierno regional y las empresas de economía social trabajan para impulsar la contratación pública de centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción. La Estrategia de Contratación Centralizada incluirá medidas para que las administraciones conozcan con mayor profundidad el trabajo» de estas entidades», avanzaron en la Comunidad.

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, que dirige Luis Alberto Marín, y la de Empresa, Empleo y Economía Social, que depende de Marisa López, «llevan varios meses trabajando con representantes de este Tercer Sector productivo para diseñar medidas que ayuden a estas empresas a ganar presencia en las licitaciones públicas». Se ocupan de ello las direcciones generales de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada y de Autónomos y Economía Social.

Dos objetivos son «mejorar la comunicación y el conocimiento mutuo entre las administraciones y el sector de la economía social para que las consejerías y otros órganos autónomos conozcan el trabajo de los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción; así como que estos tengan más facilidad para acceder a la información sobre las licitaciones que puedan coincidir con su actividad o especialidades», apuntaron en San Esteban. Destacaron que «estas entidades, los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción pertenecen a un sector que representa el 9% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y da empleo a más de 100.000 personas». «El entendimiento y el trabajo conjunto –afirmaron– va a quedar plasmado en la nueva Estrategia de Contratación Centralizada, que está previsto que se presente antes de que acabe el año». Incluirá «medidas para que cargos públicos y técnicos conozcan con mayor profundidad el trabajo» del sector.

El director general de Economía, Estrategia y Contratación Centralizada, Nicolás Gonzálvez, ve «necesario mejorar los mecanismos de coordinación, el conocimiento mutuo, una mejor planificación y, sobre todo, que el personal de la Comunidad conozca el catálogo de bienes y servicios que ofrecen estas entidades».

Juan Antonio Pedreño mostró su confianza en que pronto haya avances por parte de todas las administraciones, para lo cual mantiene contacto con el Gobierno de España, la Comunidad Autónoma y de los ayuntamientos; en este último caso, con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, que preside Víctor Manuel López (alcalde de Ulea).

A juicio de Juan Antonio Pedreño, es importante incidir en «la concienciación» sobre la importancia de la reserva de contratos y de introducir «cláusulas sociales medibles con parámetros objetivos». Se trata de valorar aspectos como el fomento del empleo femenino y de personas con discapacidad, así como «la calidad» del servicio. Se trata de ir más allá de valorar aspectos económicos, en particular el precio que oferta cada licitador y tener en cuenta a diario «los valores sociales que promueve la Unión Europea».

El sector de la Economía Social ha recibido en la Región de Murcia 72 millones de euros procedentes de fondos europeos en tres años. Es «una inversión canalizada por el Gobierno de España», dentro del Perte de economía social y de los cuidados, señaló la delegada del Gobierno, Mariola Guevara. «El protagonismo estratégico de la economía social en la transformación social y económica de nuestro país», dijo. El Perte aporta 2.500 millones de euros a 4.461 entidades. Guevara añadió que «la presencia institucional del Gobierno en Murcia este año, por la capitalidad de la Economía Social, seguirá siendo muy fuerte». Habrá nuevas visitas destacadas, como la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó el pasado jueves, a propuesta de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López, acordó la concesión directa de 302.100 euros en subvenciones a seis organizaciones que agrupan a cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción en la Región de Murcia, con el fin de que desarrollen este año 22 proyectos innovadores que fortalecerán la economía social. Estas ayudas se enmarcan en el Pacto por la Economía Social de la Región de Murcia 2025-2028, y permitirán a estas entidades mejorar su competitividad y ampliar su impacto.

Las entidades beneficiarias son la Asociación de Empresas de Inserción de la Región de Murcia (Crysalia), la Asociación Empresarial de Sociedades Laborales y Participadas de la Región de Murcia (Amusal), la Federación de Sociedades Agrarias Cooperativas de Murcia (Fecamur), la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm) y la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Ucomur).

Fecoam desarrollará fomentará la participación de la mujer en cooperativas agroalimentarias. Fecamur abordará los incentivos para aplicar medidas contra el cambio climático en agricultura. Ucoerm promoverá la economía circular en centros educativos y celebrará un congreso de digitalización, salud mental y emprendimiento. Ucomur publicará una guía práctica sobre ayudas y subvenciones. Crysalia visibilizarán el impacto en la sociedad de las empresas de inserción. Y Amusal detectará las necesidades de servicios de las empresas del sector.

La Comunidad Autónoma valoró los puestos de trabajo estables y la actividad económica generadas y la contribución a la cohesión social, «al promover la integración de colectivos con dificultades de acceso al empleo».