La nueva ley de simplificación agilizará el desarrollo industrial de Escombreras

El Gobierno local resalta que la nueva norma ha llegado consensuada con el ejecutivo de Fernando López Miras a través de varias reuniones mantenidas entre técnicos municipales y los de la Consejería de Empresa, que dirige Marisa López. Unos avances que, valoran, ya vienen a avanzar y están en consonancia con el nuevo Plan General, que continúa su tramitación actualmente con el estudio e informe de las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública.

En el plano estrictamente industrial, medios municipales trasladan que el Ayuntamiento venía años encarando un problema heredado de la situación urbanística del valle de Escombreras, donde Repsol empezó a desarrollarse en la segunda mitad del siglo pasado, cuando no existía el nivel de planificación que hoy se desarrolla para cualquier plan parcial o el desarrollo de cualquier polígono como podría ser, poniendo un ejemplo cercano y reciente, el de Los Camachos.

En este sentido, el objetivo que tanto gobierno local como autonómico perseguían, trasladan a este diario, era el de ajustar la calificación urbanística del valle a su realidad actual y esa nomenclatura pasa por que los terrenos en los que hoy crece el tejido empresarial y Repsol sean calificados suelo urbano especial.

Hasta ahora, explican medios municipales, cualquier empresario interesado en instalarse en Escombreras debía pasar por la vía de tramitación más difícil para obtener la preceptiva licencia urbanística, la de uso excepcional, que podía demorarse administrativamente tanto tiempo que, al final, el inversor acababa desistiendo del proyecto y llevándoselo a otro municipio donde le ofrecían más facilidades.

Cabe recordar que ya en el nuevo Plan General propone elevar la superficie catalogada como urbana especial en Escombreras, pasando de 7,7 millones de metros a 9,8 millones de metros y, además, definir otros cerca de 300 mil metros como urbanizable industrial. «En concreto propondremos llegar a los 1,1 millones de metros cuadrados) y un aumento del 31,5% de la superficie preparada para nuestro futuro empresarial en un momento en el que Cartagena se juega ser referencia en la generación e investigación vinculada a la generación de hidrógeno verde».

El entorno de Sabic, en La Aljorra, también se verá beneficiado de este último cambio. En situación urbanística similar a Escombreras, también tendrá la misma calificación y se flexibilizarán las condiciones impuestas mediante una reducción en la obligación de reserva de suelo para equipamientos y espacios libres públicos, «donde no tiene sentido una reserva alta de suelo».

Asimismo, el Gobierno local subraya que «podrán implantarse edificaciones destinadas a industrias, hoteleras en todas sus categorías, actividades terciarias o dotaciones compatibles, en el caso de que el Ayuntamiento aprecie que son de interés público, cuando el plan en tramitación haya alcanzado la aprobación inicial, es decir, sin esperar a la aprobación definitiva».

Respecto a las novedades y ventajas a las que se puede acoger el tercer sector, el gabinete de Noelia Arroyo resalta que, sobre el litoral, pesaba como «una losa» la obligación que había hasta ahora de reservar el 25% del suelo para uso turístico. Esto, por la singular y compleja configuración del municipio, con espacios de litoral y prelitoral que no son precisamente polos de atracción turística, dificultaba cualquier desarrollo orientado a paliar el déficit de plazas hoteleras.

Un ejemplo de esto es el de la zona oeste, con poblaciones pequeñas como Perín o Galifa en las que esta reserva condenaba parte del suelo que podría disponerse para la construcción de primeras viviendas y, sin embargo, se guardaban para un uso turístico que era harto improbable que se desarrollara. Este cambio normativo, defienden desde el Gobierno local, facilitará que estos núcleos puedan crecer y ofrecer casas a esos jóvenes que encuentran serias dificultades para no tener que abandonar el pueblo de sus padres.

Asimismo, esto en el ámbito más estrictamente turístico como puede ser el litoral de La Manga y el Mar Menor, también tendrá beneficios, reseñan desde el Consistorio. La desaparición de esa obligada reserva de suelo se sustituirá por un incentivo de edificabilidad que, en el caso de la ley regional, es de un 20% más y que el nuevo Plan General cartagenero -cuando esté aprobado definitivamente- prevé elevar hasta el 35%.

«Con este cambio queremos cambiar la filosofía de las normas urbanísticas, pasando del plano de obligatoriedad, que desincentiva la llegada de inversiones, a uno precisamente de buscar incentivos a los empresarios precisamente en aquellas zonas donde entendemos que el negocio turístico es más rentable», trasladan a portavoces autorizados del equipo de gobierno local.