Tres décadas de juicios con jurados populares en la Región de Murcia: casi 9 de cada 10 terminan en condena

El conocido como 'crimen del lavadero' es el último de los cerca de 300 asuntos que han quedado en manos de los ciudadanos en la Región de Murcia en los treinta años de andadura que acumula la figura del jurado popular.

La Ley del Tribunal del Jurado, que conmemora estos días el treinta aniversario de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, recuperó en 1995 esta institución -aunque hasta 1996 no se celebraron las primeras vistas- con el ánimo de abrir las ventanas de una administración que a la ciudadanía le era muy lejana.

Tres décadas después, más de 10.000 casos en todo el país, algunos de ellos de gran trascendencia, se han dejado en manos de la Justicia del pueblo, que se ha revelado implacable –casi el 90% de las sentencias han sido condenatorias–.

«La reacción inicial por parte de los ciudadanos era siempre de rechazo a participar». Carmen Buendía, letrada de la Administración de Justicia, recuerda aquellas primeras vistas ante jurado popular en la Región de las que ya formó parte. «La gente tenía mucho miedo de tener que decidir sobre cuestiones tan delicadas», relata esta profesional, actualmente destinada en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ha desarrollado gran parte de su carrera en la Audiencia. «Ese rechazo inicial, sin embargo, iba evolucionando a una gran responsabilidad y hasta un cierto sentimiento de satisfacción cuando concluía el juicio».

«Cuando se instauró el jurado yo era bastante escéptico en cuanto al buen funcionamiento de esa institución», reconoce el fiscal Pablo Lanzarote, que lleva 35 años de ejercicio y cerca de una veintena de vistas ante tribunal popular a sus espaldas. «Mi perspectiva, sin embargo, cambió prontamente con los primeros juicios que celebré porque me revelaron todo lo contrario a lo que esperaba. Estos años me han demostrado que el ciudadano tiene interés en participar». Lanzarote subraya que «han sido muy acertadas las decisiones de los jurados cuando me han dado la razón y también cuando me la han quitado».

En su andadura, el jurado popular no ha dejado atrás a sus detractores, que atacan la institución por ser poco profesional y más proclive a dejarse influenciar por juicios paralelos. Sus defensores remarcan, sin embargo, que la institución ha conseguido acercar la justicia a la realidad social y el sentir de la calle y que sus miembros, aunque legos en la materia, actúan con responsabilidad y sentido común.

«Treinta años después de su implantación, el jurado representa una herramienta legítima y consolidada en nuestro ordenamiento, que conecta a la ciudadanía con el poder judicial de forma directa», remarca el magistrado Miguel Ángel Larrosa, presidente de la Audiencia Provincial. «La práctica revela que los jurados actúan con responsabilidad, atención y sentido común».

El abogado Manuel Martínez considera, no obstante, que los miembros del jurado, al no ser profesionales -jueces-, pueden estar «viciados» por las noticias de los medios de comunicación o por otros factores -como sus propias experiencia- afectando a su imparcialidad. «Para mí es una arista que puede conllevar que el jurado no se perciba como plenamente satisfactorio», reconoce.

Este letrado ejerce actualmente la acusación particular en dos de los grandes procedimientos que se espera que sean juzgados ante un tribunal popular en los próximos años. Es el caso del crimen de la turista de Singapur Audrey Fang, que murió apuñalada en un bancal de Abanilla; y el conocido como 'crimen de Halloween', en el que un hombre está acusado de matar a puñaladas a otro en un bar de la pedanía murciana de Santa Cruz y que conduce junto a su compañero Sergio Robles.

A la hora de argumentar esa mayor proclividad de los tribunales populares a los juicios paralelos, Martínez pone encima de la mesa el caso de Rocío Wanninkhof en el que la sociedad y un jurado popular estaban plenamente convencidos de la culpabilidad de Dolores Vázquez -que llegó a ser condenada-, revelándose más tarde que el crimen de la joven malagueña había sido cometido por el británico Tony Alexander King.

«Abogo porque los procesos judiciales, de toda índole, se sometan al enjuiciamiento por jueces y no por miembros del tribunal del jurado. «Considero que es más garantista. A pesar de ser jueces preparados para ello la sociedad española escruta su decisión, con mayor severidad las decisiones de ciudadanos legos en derecho». El abogado pone de relieve, además, que «el procedimiento del jurado es costoso; complejo de tramitar y, si cabe, más lento que el sumario o procedimiento abreviado». Un motivo más que conduce, a su entender, a «la necesidad de analizar la institución con la finalidad de subsanar sus defectos y que se perciba por todos de forma diferente».

La mayor dilación de las causas por jurado es uno de los contras que también pone sobre la mesa el fiscal Lanzarote. «Tradicionalmente hemos tenido cierta tendencia a evitar la celebración de procedimientos por jurado fundamentalmente por las dilaciones, especialmente la demora en el juicio oral», asume. «Evidentemente la celebración del jurado tiene unos mayores costes de tiempo y también económicos».

El abogado Pablo Martínez aboga por una revisión de esta institución que, a su entender, debería ceñirse a delitos de menor trascendencia. Este letrado logró ante un jurado popular un veredicto exculpatorio histórico para Joaquín G., un vecino de Abarán que afrontó la primera prisión permanente revisable de la Región acusado de matar a su tía abuela. «Para un profesional, es una gran experiencia participar en ese tipo de juicios», remarca. «Sin embargo, como jurista, veo complejo que ciudadanos sin formación jurídica sean los que decidan sobre asuntos tan complejos como diferenciar entre lo que puede calificarse un asesinato o un homicidio».

Pablo Martínez hace hincapié, asimismo, al igual que su compañero, en que «en la mayoría de los sucesos, los medios de comunicación publican información antes del inicio del juicio y ésta puede condicionar a los miembros del jurado, que no son profesionales».Esa es otra de las razones de su firme apuesta por los tribunales profesionales, a su entender, menos permeable.

El presidente de la Audiencia reconoce que la institución del jurado sigue generando reticencias importantes entre los profesionales del Derecho. «Se percibe una 'tentación de huida' de este tipo de proceso, que en muchos casos responde más al desconocimiento o falta de práctica que a objeciones jurídicas de fondo».

Ante estas reticencias, Larrosa hace hincapié en que el jurado «ha aportado elementos positivos que van más allá del plano estrictamente jurídico». Entre ellos destaca «la oportunidad que ofrece a la ciudadanía para participar directamente en el ejercicio de un Poder del Estado, legitimando así al Poder Judicial desde una perspectiva extrajurídica» La experiencia acumulada durante estas tres décadas permite concluir, a su entender, «que el jurado no solo ha llegado para quedarse, sino que puede desempeñar un papel importante en una sociedad democrática, fomentando la responsabilidad social, el compromiso constitucional y una mejor comprensión del sistema judicial por parte de la ciudadanía».