Las entidades de discapacidad física, al borde del colapso por la congelación de las subvenciones

Destacan entre estas entidades las 28 asociaciones que forman parte de la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famdif / Cocemfe), que brinda atención especializada a cerca de 6.000 usuarios en la Región de Murcia y que, ayer, tras medio año resistiendo, denunciaron la «situación insostenible» que atraviesan. «No hemos cobrado desde enero, hemos seguido a pulmón con fondos propios, pero ya no podemos pagar a nuestros trabajadores y ya no sé ni cómo mirarles a la cara», lamentó la presidenta de Famdif, Carmen Gil.

El motivo del retraso en el cobro es el mecanismo escogido por la Comunidad para financiar los servicios que prestan algunas de las entidades sociales: las llamadas subvenciones nominativas, que cuentan con una desventaja fundamental frente a otras opciones: que decaen al prorrogarse un Presupuesto, como ha ocurrido este año. Esto supone la asfixia para organizaciones como Famdif, que tiene en estas partidas su sustento principal para prestar servicios de atención sociosanitaria, inclusión laboral, rehabilitación, apoyo psicosocial o atención temprana, entre otros.

«No son un lujo ni una opción: son derechos fundamentales que la propia Administración debería estar garantizando con recursos públicos de forma directa, estable y suficiente», destaca Famdif en un manifiesto, redactado ayer, al que ha tenido acceso LA VERDAD.

En concreto, los Presupuestos de 2024 contemplaban una subvención del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) de 667.299 euros para Famdif, exactamente la misma que recoge ahora el proyecto de Cuentas de 2025. Sin embargo, hasta que este no se apruebe, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad no puede transferir el dinero, tal como confirmaron fuentes de este departamento. «Suelen hacer un primer pago en febrero y en abril o mayo llega el segundo», cuenta Carmen Gil.

Otras asociaciones y ONG reciben la mayor parte del dinero que les destina la Administración a través de conciertos, lo que, aunque sean también beneficiarias de subvenciones nominativas, les permite resistir, aunque con dificultad, el retraso en los pagos. Es el caso de Jesús Abandonado, que se encuentra a la espera de 285.500 euros para su albergue, o de la Federación Plena Inclusión, que cuenta con otra subvención de 286.565 euros para sus viviendas rotatorias. «Nosotros no tenemos tanto problema, pero es verdad que hay entidades para las que es una cuestión más grave», señala el presidente de Plena Inclusión, Joaquín Barberá. «Me consta que la Consejería está trabajando en ello».

Pero para Famdif el tiempo se acaba: «Estamos en un punto crítico –advierten–: si no se abona lo comprometido, en breve nos veremos abocados a paralizar servicios y a dejar de pagar nóminas. Es inaceptable».

La preocupación ha crecido además tras varias reuniones con la Consejería de Política Social, según señala Carmen Gil: «Nos dicen que no se sabe si podrán pagar pronto o ya en septiembre, porque una vez aprobados los Presupuestos faltará la tramitación administrativa para la gestión del gasto y, con agosto de por medio, podemos irnos a septiembre u octubre».

El manifiesto denuncia, además, que también «las subvenciones de concurrencia competitiva vienen, igualmente, sufriendo retrasos crónicos en su convocatoria», lo que provoca que el proceso de resolución y pago se demore «hasta casi el final del año». Y a eso suma Famdif otro agravante, «el incumplimiento del compromiso de la Consejería de Política Social de aumentar la partida presupuestaria por el impacto de la subida salarial para el año 2025 del convenio colectivo al que están sujetos nuestros trabajadores, que es el más bajo dentro del sector sociosanitario». «El proyecto de Presupuestos no contempla dichas subidas ni se garantiza su cumplimiento por parte de los responsables».

Y otro problema más: «Si esto fuera poco, hemos conocido que la partida destinada a las ayudas individualizadas a personas con discapacidad (AIPD) se ha visto recortada en un millón de euros respecto al ejercicio anterior», añade el manifiesto.

«Reclamamos el cumplimiento de los compromisos presupuestarios. Requerimos un calendario de pagos claro y previsible para este año y los venideros. Solicitamos que se nos trate con la seriedad que merece el trabajo que realizamos, que no es otro que cubrir, con calidad, humanidad y eficacia, una responsabilidad pública que, de no asumir nosotros, debería asumir directamente la propia Administración», recalca el escrito.