Dos técnicos del SMS defienden la legalidad y necesidad de las derivaciones a la sanidad privada

En la comisión de investigación de la Asamblea las han considerado «una prolongación del servicio público» y defendido su utilidad para reducir las listas de espera

Lázaro Giménez / EP

Lunes, 5 de mayo 2025, 13:26

El lunes arrancó en la Asamblea Regional con dos comparecencias ante la comisión especial de investigación sobre derivaciones presuntamente irregulares del Servicio Murciano de Salud (SMS) a la sanidad privada. En ella, los dos intervinientes, Juan Antonio Marante, subdirector general de Actividad Concertada y Prestaciones del SMS, y Pablo Enrique Ramírez, secretario general técnico del SMS, defendieron la legalidad de los contratos y conciertos realizados y la necesidad de llevarlos a cabo.

Juan Antonio Marante mantuvo ante los diputados que integran este órgano que «son una herramienta útil que maneja el SMS para garantizar los tiempos legales de espera para las cirugías o pruebas complementarias prescritas por los facultativos», al tiempo que las consideró «una prolongación del servicio público, absolutamente necesaria para el cumplimiento de los tiempos de espera en cuanto a las directrices del decreto 605/2003».

Marante aclaró que la Subdirección que dirige «no ha derivado pacientes, ni para intervenciones quirúrgicas ni para pruebas complementarias», sino que ha gestionado los procedimientos que «las áreas de salud nos han trasladado» y ha elaborado los expedientes contractuales correspondientes «cuando desde la Dirección General de Atención Hospitalaria se ha detectado una necesidad». Explicó que «los conciertos con hospitalización de larga estancia y cirugía se han renovado cada cuatro años y se han adaptado anualmente mediante cláusulas actualizadas».

De igual forma, también Pablo Enrique Ramírez hizo hincapié en que estos conciertos sanitarios son una figura contemplada por la legislación vigente a nivel estatal, en este caso la Ley de Sanidad. «El SMS se apoya en centros y servicios concertados para dar atención a todas las prestaciones sanitarias de todos los ciudadanos de la Región», según este jurista del SMS.

Esta comisión de investigación tiene su origen en las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de los gastos del año 2022 del Hospital Virgen de La Arrixaca. Según Ramírez, las objeciones expuestas no dieron lugar a ningún tipo de alegación ni de la Abogacía del Estado de la Fiscalía, además de haberse archivado. El secretario general técnico del SMS puntualizó también que «las recomendaciones no son vinculantes» aunque «se estudien con detenimiento y se atiendan las procedentes. Ramírez defendió el modelo de contratación aplicado y ha asegurado que «el SMS ha seguido las recomendaciones del Tribunal en cuanto a la elaboración de informes de insuficiencia de medios».

En cuanto a las cuantías económicas que se han venido destinando a implantes ortoprotésicos, Juan Antonio Marante apuntó que «la facilidad en el acceso a la prestación y la rapidez en su gestión ha ocasionado inicialmente un efecto llamada que ha determinado, junto el avance en la edad de la población y la mejora y avance en los productos ortoprotésicos y su mayor coste asociado, el importe de gasto de esta prestación a lo largo de los últimos años».

En todo caso, sí que remarcó Marante que desde el SMS se mantiene «una apuesta permanente por nuestros profesionales, nuestros recursos y nuestra actividad». También expuso los datos de observatorio del sector sanitario privado, que refleja que en la Región el gasto en conciertos y en las entidades privadas durante el pasado año fue del 5,2% sobre el total, mientras que la media nacional está en el 8,7%. La penetración del seguro privado es del 13,3%, la segunda más baja de España, añadió también.

Grupos parlamentarios

Por parte de los grupos parlamentarios, la diputada socialista Marisol Sánchez Jódar ha subrayado que su grupo «no ha cuestionado la existencia de la actividad concertada, sino las formas en las que se ha gestionado». Ha recordado que el informe del Tribunal de Cuentas «ha detectado prácticas irregulares» como contratos caducados, adjudicaciones sin concurrencia competitiva e informes de necesidad elaborados «hasta un año después del gasto». «Lo que el auto ha dicho es que no ha podido probarse daño económico, pero no ha afirmado que no haya habido irregularidades», ha insistido Sánchez.

A su juicio, la publicación posterior por parte del SMS de una nueva instrucción para dar cobertura legal a los contratos «ha confirmado que antes no se estaban haciendo bien». La diputada ha pedido aclarar si el Gobierno regional «ha estado al tanto de estas prácticas» o si la Subdirección «ha actuado por su cuenta sin informar al consejero o al presidente».

La diputada de Vox María Eugenia Sánchez ha advertido que su grupo «ha defendido la colaboración público-privada cuando ha sido necesaria», pero ha reclamado que «siempre se haya hecho conforme a la ley». Ha denunciado que el SMS «no ha enviado ninguno de los expedientes solicitados desde hace más de dos meses», lo que, a su juicio, «ha obstaculizado la labor de esta Comisión y ha impedido a la ciudadanía conocer lo que ha sucedido».

Vox ha recordado que el Tribunal de Cuentas «no ha descartado que se haya actuado al margen de la ley, sino que no ha podido cuantificar el daño económico». Ha lamentado que «el Partido Popular haya querido confundir a la ciudadanía» presentando el archivo del caso «como prueba de que no ha habido irregularidades».

Finalmente, la diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha asegurado que «todas las derivaciones se han hecho conforme a la ley y con total transparencia», y ha calificado la comisión de «paripé orquestado» por los grupos de la oposición. «Les ha dado igual lo que haya dicho el compareciente porque ya han traído las conclusiones redactadas», ha afirmado.

Ruiz ha señalado que «el Tribunal de Cuentas ha archivado el procedimiento y no ha hallado indicios de ilegalidad», y ha acusado a los grupos de la oposición de «buscar únicamente dañar al Gobierno regional con una visión catastrofista que no comparten los ciudadanos». Ha defendido que «los conciertos han estado contemplados en la ley».